Hablemos hoy de las pruebas. Pruebas editoriales, se entiende. ¿Debería hacer aquí el chiste fácil y decir que para saber si un original es bueno debemos remitirnos a las pruebas? Puede parecer tópico, pero suele ser muy cierto. Según la norma que regula estos aspectos, la Ley de propiedad intelectual, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (dice su título “regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia”), y que derogó la vetusta Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, son Obligaciones del autor (artículo 65):
“1.º Entregar al editor en debida forma para su reproducción y dentro del plazo convenido la obra objeto de la edición.
2.º Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiese cedido.
3.º Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario”.
Por su parte, en el artículo siguiente, el 66 (Modificaciones en el contenido de la obra)especifica:
“El autor, durante el período de corrección de pruebas, podrá introducir en la obra las modificaciones que estime imprescindibles, siempre que no alteren su carácter o finalidad, ni se eleve sustancialmente el coste de la edición. En cualquier caso, el contrato de edición podrá prever un porcentaje máximo de correcciones sobre la totalidad de la obra”.
Vemos pues que la posibilidad de corregir las pruebas se constituye así en una especie de “derecho-deber”. Como derecho, por ejemplo, lo ejercerá quien hubiera entregado un capítulo un poco “cojo”, que después de haber entregado el original se decidiera completar. Como deber, podrá invocarlo el editor si hubiera, por ejemplo, una “obsolescencia sobrevenida” por una actualización legal que obligará a revisar el texto a partir de nuevas premisas.
¿Cuál es el momento de abordar esos cambios? Si el original ya se entregó, muy posiblemente deba ser a la recepción de las pruebas.
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