EL DERECHO DE HUELGA EN ESPAÑA: EL PELIGRO SOCIAL DEL LENGUAJE JURÍDICO INDETERMINADO

Quizá en todo el ordenamiento jurídico español el caso de la regulación del derecho de huelga sea peculiar. En efecto, algo de tan necesaria reglamentación en una democracia, fuera de su proclama genérica en el texto constitucional, sigue siendo en España fruto (quizá el último genuino) de aquello que vino a denominarse “la transición”, que comenzó con la muerte del general Franco el 20 de noviembre y terminó… bueno, en eso tampoco hay consenso. El texto, revisado, cercenado e interpretado, del vetusto Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, es la única referencia legal actual para la regulación del derecho de huelga. Su anómala supervivencia ha hecho correr ríos de tinta a los especialistas en derecho del trabajo, pero año tras año, desde hace ya casi cuarenta, se nos muestra en su caduca expresión, como una ruina venerable que ningún arquitecto se atreviera a tocar por si se derrumba. ¿Por qué?

Las razones de la pervivencia de este texto son varias. La primera de ellas, la más importante sin duda, es la deliberada indefinición del texto, el uso de un lenguaje jurídico indeterminado que por lo mismo queda sometido a la interpretación interesada de cada lector y a las adaptaciones coyunturales a las que la situación política y social del momento le obligue.

¿Es inteligente actuar de este modo? Sería absurdo responder esta cuestión sin contextualizar la norma, atrapada en un difícil momento de construcción del nuevo Estado democrático con la guía de los jefes del Estado y del gobierno en aquellos momentos. La norma no abordó gratuitamente el tema, sino que, en una situación de grave crisis económica y de despertar del sindicalismo democrático, vino a sustituir a la norma preexistente —el Decreto 5/1975, de 22 de mayo—, previa pues a la muerte del dictador y, por ello, predemocrática, por mucho que, procurando otorgar tintes de modernidad a un régimen político agonizante, reconociese el derecho de huelga y generase unas normas para su ejercicio (podemos suponer en qué condiciones y con qué cortapisas). Para su sustitución, y por la necesidad de desmontar el aparato legislativo del franquismo, el Real Decreto-ley 17/1977 se veía entonces imprescindible, tanto para dar contenido real a la apertura social que se había ido gestando como para imponer una serie de normas (que no dejaban de ser cortapisas) al concepto genérico de huelga, y a sus potenciales beneficiarios.

El primer problema al que se enfrentó fue, precisamente, su fecha de su nacimiento, porque si bien respondía a las necesidades del momento, precisamente por ello devino “preconstitucional”, un peligroso sello para cualquier norma de aquel entonces, que le daba sospecha de antidemocrático y prejuicio de obsoleto. En efecto, la Constitución, aunque en la época en que el Real Decreto-ley se publicaba no había sido aún aprobada, llevaba muy avanzados sus trabajos, y no podríamos dar pábulo de ningún modo a acusaciones de contravenir su espíritu y disposiciones. Este carácter, a pesar de todo, supuso una ligera ventaja más adelante, incluso, pues cuando el Tribunal Constitucional abordó su revisión en la sentencia 11/1981 argumentó que no podía juzgarse la constitucionalidad de una norma preconstitucional, sino solo la adecuación de su contenido a la Constitución, en lo que constituyó una pirueta judicial que salvó posiblemente de la derogación al texto completo.

Otro problema que arrostró la norma fue el antes mencionado “equilibrio político” a que fue sometido para dar satisfacción a todos, siquiera momentánea. Debe hacerse notar que, por su propia forma, la norma proviene del poder ejecutivo, y no propiamente del legislativo, que solo la convalidó, como todos los demás decretos-leyes, “por razones de urgente necesidad”. Esa convalidación exigía el carácter “elástico” que permitía su adaptación circunstancial, pero aun así, a los pocos años, como se ha dicho, y por iniciativa de cincuenta diputados encabezados por el socialista Nicolás Redondo, sufrió una revisión severa por parte del poder judicial en la figura del máximo intérprete de la norma suprema, el Tribunal Constitucional. Ahí podemos decir que se cierra el círculo de su carácter anómalo: en lugar de poseer una ley de huelga, España tuvo que conformarse con una norma creada por el ejecutivo, admitida por el legislativo y escrutada por el judicial, que sacó las tijeras de podar y eliminó lo que no debía tener cabida en el futuro, dejando un resto cercenado y deforme.

La labor del Tribunal Constitucional se movió estrictamente en los límites que el recurso le exigía, y las que su propia función le otorgan: determinar la inconstitucionalidad. No quiere ello decir que tras su análisis y depuración la norma quede adaptada y limpia ante la sociedad; antes bien: cada línea, cada expresión se leyó en esa sola clave, y antes que resolver los asuntos espinosos los dejó todos pendientes, por cuanto, según explicó, las exclusiones que pudieran detectarse en la norma no significaban que lo que sí se había recogido no fuera constitucional. Así se dijo de la exclusión del derecho para las fuerzas armadas, por ejemplo. Un tanto simplemente, vino a justificarse que aunque la norma legal fuera la única dedicada al ejercicio de ese derecho, el no reconocimiento de la huelga de policías y militares no quería decir que esta estuviera prohibida, sino que quedaba para otro lugar. Policías locales y policías nacionales fueron conquistando esa parcela, poco a poco, el proceso paró en seco en las puertas de los cuarteles de la Guardia Civil y parece que así va a quedarse un tiempo.

No quería sin embargo fijarme en ese caso, sino en el de los trabajadores con relaciones de dependencia. Como es sabido, la estructura económica en la España de 1975 era mucho más sencilla que la actual, y las relaciones laborales del país se regían por relaciones asalariadas en un porcentaje abrumador de los casos. Aunque el título del Real Decreto-ley incluía la expresión “relaciones de trabajo” podría haberse titulado “de relaciones asalariadas”, pues a ellas se circunscribió, como casi todos los exégetas se han empeñado en remachar.

Desde aquel entonces han cambiado mucho las cosas. De estar expresamente prohibidas las cesiones de trabajadores hemos pasado a la normalización de las relaciones entre empresas de trabajo temporal, trabajadores y empresas usuarias. De considerarse libres las relaciones entre las comunidades de propietarios y los porteros, a la obligación de la constitución con ellos de una relación de trabajo por cuenta ajena. Del despido libre de los trabajadores de la empresa de servicios en el final de la contrata, a la subrogación obligatoria de la empresa sustituta. El suelo se mueve bajo nuestros pies, y estos treinta y siete años han supuesto un cambio de paisaje como del precámbrico a la actualidad. Cierto es que nuestro país llevaba un retraso considerable, y que además de lo que los tiempos cambian, que es una barbaridad, nos tocó ponernos al día magnis itineribus, como Julio César de vuelta a Roma antes de la guerra civil. Sin embargo, en todos los casos previos, como en los demás que hubo, intentando dar a todos los trabajadores por cuenta ajena un régimen de Seguridad Social común, el proceso consistió en ir incorporando trabajadores al bloque general de los asalariados, eliminando los regímenes especiales progresivamente y acortando las distancias entre funcionarios y laborales dentro de las administraciones.

Pero fuera de esa pretendida uniformidad el grupo de trabajadores “no adscritos” fue creciendo. Las empresas tomaron como habitual el recurso a trabajadores que ejercían la actividad por su cuenta y riesgo (“a su riesgo y ventura”, en expresión ancestral que habla de lo arcaico de su propio concepto). Establecieron relaciones extracontractuales con trabajadores individuales, esquivando el control laboral de las relaciones asalariadas y generando un sistema de producción más flexible, más barato y sin cortapisas legales de ningún tipo. Hoy en día, aproximadamente el 13% de los trabajadores de este país tienen ese régimen. Su protección social es ridícula, y el gran logro de la norma que ampara las situaciones de inactividad se ha demostrado, tras el tiempo de rodaje necesario, un fiasco importante y una gran estafa a quienes voluntariamente se acogieron a él. Asimismo, la regulación de los denominados TRADE ha resultado una burla pues, esquivando la máxima jurídica de que las cosas son lo que son, y no lo que parecen, salvo que se haya establecido una relación firmada por ambas partes de aquiescencia a lo que supone una relación de “dependencia económica”, esta no se reconoce por los tribunales. Enlazando con el objeto de este post, el inmovilismo en la regulación del derecho de huelga desde épocas pretéritas ha resultado en hurtar a una buena parte de los trabajadores la posibilidad de ejercer contra los empresarios medidas de presión destinadas a mejorar sus condiciones laborales (que eso es la huelga, según se definió). Resultado: si no queremos hurgar en un tema espinoso porque somos incapaces como Estado de otorgarnos unas reglas de juego ofrecidas por los políticos a los que votamos para que gobiernen, demostrando así su inutilidad, corremos el riesgo de perder de vista que es la realidad económica la que debe regir el espíritu de las normas laborales, y de provocar un peligroso divorcio entre reglas y realidad, dejando la puerta abierta a quienes utilicen las parcelas no vigiladas para falsear el sistema.

¿Pero quién es responsable de esta barbaridad? El origen de todo está, nuevamente, en el Real Decreto-ley tantas veces citado. En él se usan determinados términos para hacer referencia a los implicados en las “relaciones de trabajo” de que habla su título. Son los fundamentales los siguientes: trabajador, empleado, salario y despido. A partir de ellos, y tras sesudas intervenciones doctrinales, se coligió que la norma se refería exclusivamente a los trabajadores por cuenta ajena que habían firmado con un empresario un contrato laboral. ¿Tuvieron razón quienes pensaron así? Veamos qué es trabajador para la Real Academia Española.


trabajador, ra.

  1. adj.Que trabaja.
  2. adj.Muy aplicado al trabajo.
  3. m.y f. Jornalero, obrero.

De la definición dada no se puede deducir que no sean trabajadores otros que no sean los que trabajen por cuenta ajena, ni prácticamente todos, pues trabajador es, simplemente, “el que trabaja”. Quizá cuando se habla de empleado se consiga ese deseado matiz de exclusión. Veámoslo.


empleado, da.

(Del part. de emplear).

  1. m.y f. Persona que desempeña un destino o empleo.

No es que defina mucho, así que vamos a ir a lo que sea “empleo”, para saber a qué se dedica un empleado.


empleo.

  1. m.Acción y efecto de emplear.
  2. m.Ocupación, oficio.
  3. m.Mil. Jerarquía o categoría personal. Empleo de coronel.
  4. m.desus. Amor, amorío.

La primera acepción nada aclara, y la tercera y la cuarta no son aplicables. ¿Excluye la segunda a quien no tiene un contrato laboral? Quizá por el verbo salgamos más de dudas, pues quizá ofrece el matiz que ha llevado a la marginalidad a tantas personas.


emplear.

(Del fr. employer).

  1. tr.Ocupar a alguien, encargándole un negocio, comisión o puesto. U. t. c. prnl.
  2. tr.Destinar a alguien al servicio público.
  3. tr.Gastar el dinero en una compra.
  4. tr.Gastar, consumir. Emplea bien sus rentas. Empleáis mal el tiempo.
  5. tr.usar (‖ hacer servir para algo).
  6. prnl.desus. Tener trato amoroso, casarse.

¿Qué les parece a ustedes? Creo que queda claro que “emplear” a alguien no implica contratarlo por cuenta ajena. Repito que estoy refiriéndome al texto literal del Real Decreto-ley 17/1977.

Evidentemente, el supremo castigo para el infractor de lo que la regulación sobre la huelga dispone es el despido. Diríase que no se puede despedir a quien no tiene contrato laboral por cuenta ajena, pero vamos a ver qué dice el Diccionario.


despido.

  1. m.Acción y efecto de despedir o despedirse.
  2. m.Decisión del empresario por la que pone término a la relación laboral que le unía a un empleado.
  3. m.Indemnización o finiquito que recibe el trabajador despedido.

Como vemos, habla de “relación laboral”, y por laboral debe entenderse lo siguiente:


laboral.

  1. adj.Perteneciente o relativo al trabajo, en su aspecto económico, jurídico y social.

Que yo vea, nada de esto implica excluir a otros trabajadores. Puede que la remuneración nos marque la diferencia definitiva, porque se supone que con el concepto de asalariado diferenciamos a los sometidos a contrato. Pero quizá nos sorprendamos al leer la entrada correspondiente.


salario.

(Del lat. salarĭum, de sal, sal).

  1. m.Paga o remuneración regular.
  2. m.En especial, cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena.

¿No se reconoce como regular el pago de quien trabaja como TRADE para una empresa? Y, más allá ¿se podría hurtar el carácter de “regular” del resarcimiento de los servicios prestados por un trabajador autónomo y abonados mes tras mes, con continuidad en el tiempo?

Visto todo esto, ¿cómo se llegó a la conclusión de que la norma no era de aplicación a los trabajadores que no tenían contrato laboral? Hilando más fino aún, ¿cómo es posible que se solventara el escollo de reconocer solo derecho a la huelga a los trabajadores del “centro de trabajo”, como manifiesta la norma, y se extendiera a los trabajadores que trabajan desde su domicilio, y nadie haya invocado la extensión de la norma a los trabajadores autónomos?

Solo puede decirse, vista la actuación penosa que han demostrado los tres poderes del Estado al alumbrar una situación como la actual, y los sindicatos mirándose el ombligo y excluyendo de los derechos a aquellos que ven ajenos, traicionando el papel que se les concedió de defensa de los trabajadores (de todos los trabajadores, aunque no estén afiliados) en la negociación colectiva, que parece necesaria una revisión del marco legal del derecho de huelga. Y que si se quiere petrificar una situación como la actual, con un marco legal impropio, que se adapte en lo necesario a los tiempos, pues lo contrario va a generar un espantoso tufo a discriminación y marginación.

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