EL PODER NORMATIVO DE LA REAL ACADEMIA (Y II): SENTIDO E INTERPRETACIÓN DEL TEXTO LEGAL

En la exegética es bastante habitual reprochar al legislador no usar una terminología libre de interpretaciones. Bien por el uso de términos poco concretos, bien por usar términos diferentes a los que, sobre la misma materia, aparecen en otras normas. Es un recurso habitual definir el sentido que en una norma se le quiere dar a un término o expresión, porque la enorme variedad y amplitud de nuestro idioma obliga a veces a delimitar en una sola acepción la palabra que, de otra manera, podría invocarse con varias más. Quizá, como vimos en el anterior post, en fraude de ley. Reflexionemos un momento: resulta más fácil interpretar un texto antiguo por las normas de la Gramática y la Ortografía que conseguir comprender el significado de términos desusados o directamente desaparecidos, o de comprender los cambios evolutivos que se han producido en otros a veces de uso muy común. Todos recordamos que Don Quijote quería bien a Sancho por ser “discreto”, pero aquella cualidad en el siglo XVI no era precisamente la del que no era chismoso y sabía guardar secretos. Del mismo modo, podemos entender el sentido de las contrucciones sintácticas de cada una de las Partidas de que hablábamos el día pasado, pero no sabremos cuantificar ni ponderar ninguna de las medidas de longitud, peso o capacidad que allí se citan. Los términos tienen un nacimiento y una evolución, y contextualizarlos en su momento preciso es crucial para comprenderlos: ¿qué tiene que ver una “sesión” cuando se cita en el cartel de un teatro que otra que se anuncia en un chat de Internet?

Por ello, como vigías atentos, los estudiosos de las normas escudriñan los textos para buscar en ellos debilidades o incongruencias que anticipan conflictos que, seguramente, acabarán dirimiendo los jueces.

No está mal, podríamos pensar, si a esta exégesis de las normas —que, incluso, puede someter a análisis proyectos, textos aún sin vigencia— sumamos la labor interpretativa que vimos en el post pasado que se otorgaba a los tribunales, resulta que hay varios niveles de revisión, lo que se supone que acrecienta la confianza en nuestras normas. Desgraciadamente, estas revisiones, aun cuando detecten términos, expresiones o construcciones que supongan fallas en el bloque del texto normativo, no tienen por qué ser atendidas por su autor —el legislador—. Si las más evidentes podrían resolverse a través de correcciones de errores que ya no existen, otras aportaciones valiosas de más enjundia son ninguneadas en la idea de que los textos legales son fruto de un momento e intención concretos, muy concretos a veces, y en tan breve vida no merece la pena perfeccionarlos. Entramos aquí en otras parcelas del análisis —sobre todo en la técnica normativa y también en la gobernanza en cuanto cercanía del legislador con el ciudadano— que escapan de los estrechos márgenes de este comentario, pero sirva aquí al menos el apunte.

ENTONCES, ¿QUÉ IMPORTANCIA DEBEMOS CONCEDERLE A LAS OBRAS DE LA REAL ACADEMIA?

No es nada raro que un magistrado eche mano del Diccionario para aclarar qué debe entenderse por algo en particular, sujeto a diatriba. Podríamos decir que ahí su labor es vicaria, que transmite lo que la Real Academia dispone, pero podríamos decir también que, con las herramientas convenientes en la mano, realiza para el asunto particular esa delimitación que decíamos que los textos legales suelen hacer para centrar el objeto debatido, con lo que sólo su mano sería creadora del Derecho. El matiz me parece baladí. Que la palabra tiene fuerza legal es algo indudable, y la voz por la que se exprese no me parece tan importante. En realidad, ninguna de ambas instancias es responsable último del uso ni de la acepción, y sólo a la sociedad que la produjo, que la moldeó y la adaptó compete la responsabilidad de su existencia. Ni jueces ni filólogos podrían inventar un término que contraviniera el uso común, pues no es su labor ni entra dentro de su competencia. Es una obviedad decir, también, que esto se acentúa si cabe cuando de Gramática y de Ortografía hablamos. ¿Quién pretendería transgredir las normas por las que nos entendemos para enviar un mensaje ininteligible?

Deducimos pues que las palabras se usan con sus acepciones correctas, salvo error o tergiversación; que la Gramática constituye un código de comunicación al que todos nos sujetamos, y que su alteración deviene en incomprensión; y que la Ortografía es asimismo algo útil al uso común, salvo ignorancia o error. Volviendo a nuestro venerable Código civil, y en una paráfrasis sólo parcial, podríamos asegurar que un conocimiento deficiente del lenguaje no exime del acatamiento de las normas que lo rigen.

LAS TABLAS DE LA LEY EN FORMA DE BOLETINES OFICIALES

Cerrando el círculo de la poderosa imagen de Moisés recibiendo directamente de Yahvé las tablas de la ley que utilizamos la semana pasada, comprobamos que la publicación de una norma en un boletín oficial supone no sólo el comienzo de su vigor (inmediato o diferido) sino también su petrificación. Como la imagen paradójica de los amores eternos que duran un mes, las normas publicadas son eternas hasta que son derogadas o alteradas. Se invocan en cada momento por su texto exacto (no cabe aquí la corrección silenciosa de que hablamos en otro post), y, con sus imperfecciones y sus errores, son de obligada aplicación para los administrados afectados por ella. Sólo jueces y magistrados, en aplicación de la interpretación que vimos que se les concedía, pueden ignorar el dictado literal para buscar lo que se denomina el “espíritu” de la norma. Una interpretación, desgraciadamente, que no se incorpora al texto legal, sino sólo al elenco de recursos de los especialistas, que convierten la norma en un mensaje oculto (al menos en parte) a su destinatario, y sólo aprehensible por iniciados. Desde luego, contraviniendo lo que dijimos que se supone a una buena técnica normativa, a una aplicación razonable de la gobernanza y a la seguridad jurídica que debe constituir un valor fundamental de toda normativa. Parece, además, que la orientación que el proyecto publicado de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluye la fijación de la norma en lugares más próximos que el Supremo o el Constitucional, no ha caído bien entre los especialistas, que ven en ello una sumisión a directrices incompatible con la libertad del juzgador.

Que los ciudadanos desconozcan el maremágnum de normas que rigen sus vidas es, al parecer, inevitable, por cuanto la cantidad ingente de las que existen lo hacen inabarcable para una capacidad de memorización normal. Que, con la lectura atenta de las normas desconocidas, tampoco queden claras debería resultar inadmisible. Y que fiemos su sentido último al criterio soberano y caprichoso de cada juez, y también de cada técnico y de cada inspector de la administración, es sencillamente lamentable por la situación en que queda el administrado o el justiciable. Si para conseguir la interpretación exacta debemos prever acudir a varias instancias, evidentemente algo no funciona.

¿TODA NORMA ESCRITA ES POSITIVA?

Para finalizar estas reflexiones vamos a detenernos siquiera un momento en la propia esencia del texto escrito como norma positiva. Esta fijación de la norma se une —antes lo apuntamos— a un conocido fenómeno de inflación. Si nuestra economía sufriera un proceso parecido, de seguro colapsaría en poco tiempo. Cada aspecto, cada situación, parece que deben ser abarcados para evitar que cualquier hecho de nuestra existencia pueda ser tildado no ya de ilegal, sino de alegal. Por la alegalidad se deslizan las acciones que escapan de la fuerza coactiva de los poderes públicos, y por la alegalidad escapan también de la imposición tributaria, algo al parecer verdaderamente intolerable en la sociedad contemporánea. De ahí que las normas sean cada vez más largas y detallistas, y procuren una exhaustividad muchas veces imposible. El conocimiento absoluto que se pretende del legislador es tan exigente que lo común es rematar cada ristra, listado y rol con una cláusula genérica que diga “y lo demás antes no expresado”. ¿Es así preciso haber desarrollado ese listado, si reconocemos su incompletud?

Evidentemente, como obras humanas las leyes y cualesquiera normas son perfectibles, por cuanto mudables y adaptativas. Pero si en su profunda imperfección hay un reconocimiento implícito de su aplicabilidad limitada, entonces sus propios autores han lanzado una mortífera carga de profundidad contra su legitimidad. Ya se dice que un país con demasiadas normas es un país que no las cumple. Podríamos haber caído incluso en la frivolidad de crear normas que sabemos que no se van a cumplir, o que ni siquiera tenemos intención de que se cumplan. No es un nivel muy alto, pero hace unos días el ayuntamiento de Sevilla aprobó una ordenanza municipal que prohibía jugar al dominó; entre muchas otras cosas. Se supone que para evitar el ruido. Preguntado el edil responsable, se justificó diciendo que esa parte de la ordenanza no se pensaba imponer severamente. ¿Entonces por qué se hace? ¿Es que acaso estamos tejiendo una maraña de normas que nadie invoca para que haya instrumentos apropiados que justifiquen cualquier cosa cuando queramos usar la coerción contra los ciudadanos? ¿Es lícito que aquellos que tienen que hacer cumplir las normas tengan, además de la posibilidad de interpretarlas, la potestad de usar las que convengan, ignorando otras? Evidentemente no, pero no podemos invocar los derechos de contenido amplio para contrarrestar las normas de carácter inferior, porque las excepciones ocurren y ningún derecho es absoluto. Una norma estúpida debe ser eliminada, no simplemente arrumbada o ignorada, y si no se manifiesta su peligro durante un tiempo razonable lo lógico es que pierda la capacidad de ser invocada, que caduque.

Hablaremos próximamente de las dificultades que surgen a veces de intentar acomodar el sentido de la materia reglada con las acepciones de uso común, y pondremos como ejemplo la espinosa cuestión de la violencia de género y su interpretación por la Real Academia, para comprobar que lo dicho hasta aquí tiene más recorrido que la búsqueda de la pureza del idioma y la perfección en el estilo.

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