EL PODER NORMATIVO DE LA REAL ACADEMIA (I): LENGUA Y NORMATIVA

Recientemente, José Manuel Blecua ha manifestado que es preciso “desacralizar” el Diccionario de la Real Academia. Y ello a propósito de la desazón de ciertos colectivos por la inclusión de determinadas entradas o acepciones que parecieron ofensivas. La defensa de la alta institución del idioma ha sido siempre que el Diccionario es un reflejo de lo que la sociedad hace, del idioma que construye, y que la Real Academia vigila para incluir o excluir términos o acepciones que triunfan o fracasan en esta aventura de la comunicación semántica. No es éste momento de hablar de la capacidad de asimilación o de adaptación de la institución, ni de su velocidad (que suele ser lo más polémico), sino del valor que ese compendio terminológico posee para la sociedad a la que se ofrece. Y más concretamente del valor legal que podemos esperar de él, si es que de verdad lo tiene. Un tiempo hubo en que las normas emanadas del Parlamento nacional recibían la supervisión de una comisión lingüística, que informaba sobre la adecuación entre el mensaje y su expresión. Hoy sólo puntualmente se acude en solicitud de esta ayuda, y a veces los resultados no han sido los esperados. ¿Es la Real Academia Española garante del idioma? ¿Es sólo mero espectador? ¿Cuando se decía aquello de “limpia, fija y da esplendor” se le confería una misión que hoy se le escapa?

LAS NORMAS TAMBIÉN SON PALABRAS Y CABEN EN EL DICCIONARIO

Confieso desde aquí sentirme irresistiblemente atraído por el próximo estreno de una historia de Moisés rodada por Ridley Scott y protagonizada por el gran Christian Bale. Una revisitación del Éxodo con grandes medios y que se centra en los días previos a la marcha del pueblo judío en busca de la Tierra Prometida. Por eso mismo no creo que llegue al momento en que el propio Yahvé entregó al buen Moisés las tablas de la ley. Imagen poderosa. Nada más sagrado que unas normas ofrecidas por la divinidad a los hombres expresadas en oraciones cortas y con dictados exactos, libres de interpretaciones torticeras: no matarás, no robarás…

La ley suele expresarse de forma escrita, y así se fija y se invoca. Todavía hoy se acude a brocardos latinos provenientes del período republicano, incluso, o de época justinianea, por el otro extremo, para dar fuerza a argumentos legales. También las Partidas, como compendio legal de la Castilla medieval, nos ofrecen a veces el antecedente remoto de lo que mucho más tarde se plasmó en normas actuales, como el venerable Código Civil en vías de extinción. Encontramos precisamente en este texto dos apartados en los que vamos a fijar la atención.

El primero es el apartado 1 del artículo 3, que dice así:

  1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

Según este texto, el “sentido” de las palabras (su significación precisa) es lo que marca lo expresado en una norma. O sea, la significación de las palabras adquiere un valor legal cuando expresa una norma que el poder legislativo elabora para regir un aspecto de la vida de las personas. Y no sólo eso. Sólo un poco más allá (apartado 4 del artículo 6) se declara lo siguiente:

  1. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Se admite en seguida, entonces, que las palabras pueden tergiversarse para cambiar el “sentido” último que la norma quiso que tuvieran, pero que esta tergiversación está prohibida. Se busca, pues, que las normas sean claras y que no resulten susceptibles de interpretación. Pero desgraciadamente la realidad que nos toca vivir no es tan simple como para regularla en unas tablas de la ley, y la profusión normativa, que parece imparable, provoca territorios colindantes no siempre bien delimitados: normas estatales frente a normas autonómicas, materias civiles frente a penales o mercantiles, normas de desarrollo frente a normas superiores… Ante este panorama, la labor de jueces y tribunales consiste muchas veces en interpretar y buscar el sentido preciso de las normas invocadas. En varias instancias, jueces y magistrados interpretan las normas, bien sea en niveles inferiores, en lo que se viene denominando la jurisprudencia menor, bien sea a través de instrucciones de la Fiscalía (que ante un conflicto imparte a veces instrucciones de cómo debe entenderse una norma en un contexto o con un sentido en particular), bien sea, por fin, en instancias superiores, en materia constitucional en quizá demasiadas ocasiones —es lícito pensar que donde tanto se debe esclarecer no hay la exactitud requerida— y por el Tribunal Supremo como la más alta instancia de la judicatura. Y así lo expresa el propio Código Civil:

  1. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.

Este apartado corresponde al artículo 1, nada menos, y usa términos clave para este argumento: el Tribunal Supremo interpreta el ordenamiento, y esas interpretaciones se consideran doctrina y lo complementan. De esta manera, los jueces tienen un importante papel con unas sentencias que, también, constituyen textos legales.

TAMBIÉN, LA GRAMÁTICA Y LA ORTOGRAFÍA

Si es importante ser precisos en la terminología legal (lo que podríamos considerar una semántica legal), no lo es menos desde luego atenerse con propiedad a las reglas de la Gramática y la Ortografía. Gramática y Ortografía son asimismo códigos a los que los hablantes, y escribientes, debemos sujetarnos. Expusimos en un post pasado algunos ejemplos de incorrecciones gramaticales normativas que pueden generar efectos perversos. Según repetidamente nos dicen los tribunales, las normas deben interpretarse por lo que realmente dicen, no por lo que se supone que deben decir; una norma mal expresada es una mala norma. Muchas veces se ha dicho que algunas normas pecan de inconcreción, y que por ello se producen espacios entre sus disposiciones por donde los pillos se cuelan, ignorando impunemente la amenaza del fraus legis. Algunos empiezan a denunciar el recurso a la indefinición como un estilo buscado con un fin previsto. Algo intolerable, desde luego, que atenta contra la seguridad jurídica, que es el cimiento en el que se aposenta la paz social, y con lo que algunos juegan quizá sin conocer realmente sus consecuencias últimas. Pero que, seamos claros, ha devenido en estrategia de legisladores que han pasado de puntillas por aspectos en los que se hacía imposible conseguir el consenso necesario y donde se optaba por textos de mínimis.

A pesar de todo no busquemos la culpa donde quizá no hubo dolo; donde quizá sólo la improvisación o una técnica deficiente alumbraron una norma imperfecta. Y como muchas veces las consecuencias de la aplicación resultan inesperadas y sorpresivas, es el devenir el que enseña las costuras del texto.

Hemos hablado hasta aquí de cómo las normas devienen escritas (ni recuerdo la última vez que vi invocar una costumbre como fuente del derecho que no tuviera su reflejo en un texto escrito), y que esos escritos constituyen mensajes que el legislador transmite a los ciudadanos; y de cómo esos mensajes llegan, según de qué modo. Asumimos así que las reglas que rigen la res publica se someten a su vez a las reglas que rigen la lengua en que se expresan. No invalida este argumento el hecho de que las normas puedan generarse en diferentes idiomas, porque en todas las instancias, en todos los niveles, el castellano es idioma oficial, y no puede ser diferente el sentido que el texto tiene en inglés, francés, catalán, vasco o cualquier otro de los idiomas oficiales que el que posee en castellano, y una divergencia sería siempre sólo un error. Por eso, cuando dejamos manifiesta esta importancia descubrimos que el Diccionario de la Lengua Española, la Ortografía y la Gramática constituyen la fuente necesaria de creación de los textos legales, y que la responsabilidad de estas obras recae en la Real Academia Española, la institución garante de nuestra lengua. En los países donde esta institución no existe (como en los del ámbito anglosajón) la invocación al mensaje se realiza según un “sentido común”, y de ahí que parece que siempre se nos adelanten, poniéndole nombre a todo: precisan tener cuanto antes un término al que referirse para entenderse. No podemos hurtar por consiguiente la importancia institucional de la Real Academia, porque aunque es cierto que su labor no puede considerarse en sí misma normativa, sí lo es en cambio que da fe y constancia de nuestra lengua a través de las obras que edita, procurando fijar en cada ocasión la forma en que los hablantes se expresan, de palabra y, por supuesto, por escrito.

La semana próxima cerraremos la argumentación hablando de la fijación que para la norma supone su publicación, con lo positivo y lo negativo que ello puede traer, y del proceso y magnitud de la interpretación de los textos legales. Y de inflación y positivismo.

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3 Comentarios

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