¿ENTIENDE EL ADMINISTRADO EL LENGUAJE PROCESAL?

Hace unos días sostuve una interesante diatriba con una bloguera que criticaba abiertamente la “indefinición” y la escasa “resolución” de mi anterior post, Publicaciones jurídicas, ¿por dónde empezar? Me decía que mezclaba cosas, que no diferenciaba suficientemente entre la comunicación dirigida a colegas de profesión o al público en general. Curiosamente, a la vez estaba trabajando en una monografía sobre Derecho procesal en la que su autor dice lo siguiente:

“… consciente de que nuestro ordenamiento jurídico pone al alcance de personas no particularmente versadas en el mundo del derecho, en determinadas circunstancias, la posibilidad de dirigirse en primera persona a los tribunales sin servirse de la representación de procurador y de la defensa de abogado, pretende este libro «rebajar» el tono excesivamente técnico de un lenguaje con el que los profesionales del derecho tendemos en ocasiones —es necesario reconocerlo— a «encastillarnos», creando barreras de comprensión difícilmente superables para el lego en la materia”.

Curiosa confesión ¿no es cierto? Pues bien, a partir de ambas premisas he escrito este post, que trata sobre el lenguaje que se usa en ese lugar amplio y venerando que una sociedad dedica al equilibrio de su propia existencia: la administración de justicia.

“HONRA ME HA CAUSADO HACERME OSCURO A LOS IGNORANTES”

Esta célebre frase de Luis de Góngora es una flecha barroca como un vector de dos direcciones: por un lado habla del placer del intelecto, del gozo de disfrutar de lo más elevado de la creación humana, y que traído a día de hoy podríamos traducir en denostar Sálvame De Luxe y apagar la luz para el episodio en estreno mundial e idioma original del último éxito de HBO; por otro lado, habla de círculo cerrado, vetado para los ajenos, donde se tratan cosas que nos reportan beneficio que hurtamos a los extraños. En el caso de Literatura, un beneficio “honroso” (que el alma sólo es de Dios, como declaró Calderón solemnemente). En el caso del mundo procesal, un beneficio más mundano y crematístico.

Pareciera pues que el lenguaje jurídico, y más estrictamente procesal, es una jerga inaccesible para los comunes mortales, y que acudir a la justicia es como reclamar una compra on line hecha a una tienda sueca: imposible sin intermediarios. Ello sin embargo no es así, o al menos ya no lo es del todo.

EL PORQUÉ SE PROHIBIRÍA A ALLY MACBEAL COLEGIARSE EN ESPAÑA

Aún se conocen las leyes que regulan los procedimientos procesales como “leyes rituarias”. Y ahí está el verdadero secreto del oscurantismo procesal. Sólo un profesional conoce los elementos y las actuaciones a que se ve obligado quien reclama justicia, y las prescripciones legales que han de cumplirse escrupulosamente si queremos ver atendidas nuestras peticiones. El ejercicio de la justicia sólo es pues apto en general para profesionales bien entrenados y con una gran preparación.

Ocurre sin embargo que se va extendiendo el acceso directo de la ciudadanía a la justicia, y el propio Consejo General del Poder Judicial habilitó el acceso a unos formularios-tipo que orientan al ciudadano a la hora de dirigirse con propiedad a un juzgado o tribunal.

Las pocas veces que he acudido a un juicio he comprobado que la labor del juez es muchas veces instructiva, y garante de la legalidad. “¿Comprende usted lo que se le ha preguntado?” “¿Es usted consciente de las consecuencias de sus palabras?” Son frases comunes en estrados.

Las modificaciones de las leyes procesales han ido por este camino. Por fin se acabaron aquellos interrogatorios donde los letrados encabezaban invariablemente sus preguntas con la conocida fórmula “diga ser cierto…”, a las que el testigo sólo podía contestar sí o no. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, el lenguaje utilizado cada vez es más cercano al común, pero ¡ojo! Eso no quiere decir ni mucho menos que deje de ser oscuro a los ignorantes. Y creo que ya llegamos al meollo del asunto.

EL VALOR SAGRADO DE LA PALABRA

La fuente primera de la que bebe el Derecho actual es la lengua. Teóricamente no, pues aún se reconocen fuentes no escritas como generadoras del Derecho, pero a día de hoy su invocación es más que remota. Por eso es común que los juristas acudan lo primero al Diccionario de la Real Academia Española (aunque no olvidemos que no es doctrinal ni determina con su contenido) para aclarar un término o una expresión. De palabras se construyen las normas, y si esas normas están bien construidas las palabras usadas habrán sido las oportunas y con su significado exacto. Cuando el uso es demasiado habitual es normal acotarlo para su uso jurídico, como por ejemplo pasa en la Ley de Seguridad Vial, pero lo cierto es que por lo común las normas utilizan palabras que marcan con exactitud el campo y las condiciones de aplicación.

Escapa por ello del ámbito puramente jurídico la terminología utilizada en campos concretos de la técnica o de la ciencia, que las normas deben recoger en cuanto formen parte de materias reguladas y que la justicia debe asimilar para poder dar precisión a su ejercicio. Nos vamos pues a un nivel idiomático extremadamente culto, donde quedan incluidos todos los registros utilizados por cada campo de la ciencia o de la técnica, y que resulta evidentemente inabarcable para el común de los mortales. Quien sin intención mezcló componentes químicos que provocaron una reacción violenta que causó una deflagración de consecuencias desastrosas no entenderá la explicación científica, sin duda, pero el juez que determine su responsabilidad no podrá quedarse con el testimonio del autor cuando declaró “que la había liao parda”. De lo que cabe colegir una confesión, por otra parte.

SENTIDO Y SENSIBILIDAD

La primera instancia de cualquier ciudadano que reclama un derecho habrá pasado la mayoría de las veces por la propia Administración. Las reclamaciones administrativas fueron las que antes “relajaron” el formalismo para acercarse a los administrados, y ya en el lejano 1992 se creó un manual de lenguaje administrativo a la vez que se aprobaba una nueva Ley de Procedimiento, y allí se hacía la recomendación expresa de abandonar las fórmulas exigidas de cortesía, los tratamientos tradicionales y los escritos con estructura rígida. Llegó después la ocasión de que ocurriera lo mismo en la administración de la justicia, y por elevación las reclamaciones rechazadas por la Administración llegan al contencioso-administrativo, donde habitualmente grupos de ciudadanos exponen el injusto a que creen enfrentarse por los poderes públicos, que suelen defender razones de interés público para actuar. El dictado de las sentencias debe ser aquí, es evidente, claro y entendible, pero nadie pretende que sea llano y común, porque se presupone haber ilado muy fino.

En materias sociales, familiares, de violencia de género y civiles la normativa existente mueve la mano de quienes imparten justicia, y salvo que se aprecie la existencia de valores jurídicos en conflicto no queda otra que hacer cumplir las normas, por más injustas y despiadadas que a veces se muestren. La claridad expositiva es el razonamiento profundo de esa impartición, y su exactitud corta incluso la vía del recurso.

Quizá es la materia penal la que podemos encontrar más abstrusa. El castigo se impone aquí a partir de una normativa exhaustiva que atiende a cada circunstancia para baremar la dureza. Es una construcción no sólo humana, ni sólo más exactamente social, sino también propia de cada nación, fruto de una peculiar idiosincrasia, siempre en movimiento, siempre al albur de los tiempos y de los acontecimientos. Mueve la ira de la gente, busca ser el bálsamo de la tranquilidad social y se convierte en una gigantesca balanza entre los derechos individuales y la necesidad de la sociedad de sentirse amparada y protegida. Quizá por ello las argumentaciones son más intelectivas, porque escarban buscando el fiel de una balanza que no marca el centro, que quizá estuvo más allá hace unos años, y que la sociedad no entiende por qué aún no se ha movido un milímetro más.

DE PADRES SILLAS, HIJOS BANQUETAS

Hay una última cosa que comentar sobre el lenguaje usado en la justicia. Aparte de buscar su raíz profunda en la exactitud, es necesariamente hijo del lenguaje normativo y del lenguaje administrativo. Antes citamos el Manual que las administraciones públicas buscaron para relacionarse con los administrados; últimamente está muy en boga la materia normativa, y la gobernanza a la que se aspira requiere de una técnica normativa que ofrezca la necesaria claridad a la norma para que los ciudadanos puedan comprenderla y conocerla. A día de hoy eso parece un objetivo lejano, y no precisamente por la antigüedad de algunas normas vetustas como el siempre vivo y retocado Código Civil, que posee una claridad expositiva encomiable fruto de legisladores decimonónicos muy preocupados por el tema, sino más bien por la miríada de normas interconectadas que generan remisiones circulares a veces imposibles de rastrear. Es ininteligible la referencia como también la pura redacción, plagada de errores sintácticos y morfológicos que, abandonada la costumbre de enmendar mediante correcciones de errores, quedan inamovibles, congelados, y obligados de referencia para quien realiza exégesis o aplicación de esos textos. Y esos vicios se contagian en la redacción de las sentencias, que continúan esa senda pedregosa para no apartarse un ápice de la recta aplicación que se precisa. Y que deben reproducir los convenios colectivos, los reglamentos de desarrollo… En fin, salpican y ensucian todo lo que tienen alrededor, que queda por ello muy deslucido.

La labor del cuidado del idioma es imposible aquí: los textos normativos son intocables. Quizá si los plagáramos de “sic” para mostrar sus vergüenzas sus autores se plantearían corregirlos, y sin duda mejoraríamos su aplicabilidad y rebajaríamos su indefinición. A no ser, como a veces parece, que esta indefinición sea algo pretendido.



 

Estas breves disertaciones han pretendido exponer qué difícil equilibrio se establece entre exactitud e inteligibilidad en el ámbito procesal; entre, en fin, lengua y comunicación, pues a eso se reduce todo. Donde tan difícil es deslindar lenguaje jurídico, nivel idiomático y público objetivo. Y quieren constituir un tributo a quienes en él se ven implicados, que día a día construyen ese gran templo de arena que es la justicia.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s